Imagínate por un momento que el Estado decide gastar medio millón de euros en algo. Podría ser en reformar un centro de salud, en becas comedor o en reparar carreteras secundarias.
Pero no. Este mes, ese dinero se ha gastado en helicópteros, drones y 300 agentes movilizados durante 8 días en mitad del monte. ¿El objetivo? Impedir que un grupo de personas baile delante de unos altavoces.
Lo ocurrido en la BFP (Big Fucking Party) en el embalse del Cenajo no es solo una noticia de sucesos; es el síntoma de una enfermedad mucho más grave: al sistema le aterra la cultura que no puede controlar.
Un «despropósito» confirmado por la propia Guardia Civil
No es una cifra que nos hayamos inventado desde la rabia del momento. Ha sido la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) la que ha calificado el operativo de «despropósito organizativo y económico».
Las estimaciones son escalofriantes: más de 400.000 euros de dinero público.
Se ha movilizado a efectivos de media España, dejando otras zonas desprotegidas, para incautar 16 vehículos y detener a 63 personas. ¿Era necesario un despliegue digno de una operación antiterrorista para detener un evento musical? La respuesta, si miramos la proporcionalidad, es un rotundo no.
La hipocresía del «Delito Ecológico» (Y la lección de los asistentes)
Uno de los argumentos favoritos de los telediarios para criminalizar el movimiento Free Party es el cuidado del medio ambiente. Nos llaman sucios, dicen que destrozamos el entorno.
Sin embargo, los hechos cuentan otra historia.
Durante el desalojo, el operativo policial bloqueó el acceso, impidiendo que los equipos de limpieza y los camiones de recogida gestionados por la organización pudieran entrar. Parecía que al Estado le interesaba más la foto de la basura esparcida para el telediario que permitir que el monte quedara limpio.
Pero la comunidad ha dado una lección de responsabilidad. Como confirman medios como la Cadena SER, algunos asistentes regresaron voluntariamente días después para limpiar lo que no les dejaron retirar en su momento.
El titular es claro: «Sin rastro de la rave». A pesar de las trabas policiales, el compromiso de dejar el espacio mejor de lo que estaba se ha cumplido. Eso no es vandalismo, es respeto y autogestión.
¿Protección o Castigo Colectivo?
Dicen que nos desalojan por «nuestra seguridad». Pero cualquiera que haya estado allí sabe que la estrategia fue crear una ratonera.
Bloquear caminos, impedir la salida de vehículos y cortar el suministro de agua y comida a miles de personas aisladas no es velar por la seguridad ciudadana. Es un castigo. Es una forma de decir: «Os vamos a tener aquí encerrados hasta que os podamos multar a todos».
La doble vara de medir
Es imposible no sentir frustración cuando comparamos esto con otros eventos masivos:
- Cuando miles de hinchas de fútbol bloquean el centro de una ciudad, queman contenedores y cortan el tráfico, se le llama «pasión» y se les escolta.
- Cuando nosotros nos alejamos kilómetros de la civilización para no molestar a ningún vecino y celebrar nuestra cultura, se le llama «problema de orden público».
La diferencia no es el ruido. La diferencia es que en el fútbol hay entradas, patrocinadores y derechos televisivos. En la Free Party, la cultura es gratuita. Y eso es lo que realmente molesta: que no pasemos por caja.
Conclusión: No temen el ruido, temen la libertad
Pueden llevarse los sistemas de sonido. Pueden requisar las furgonetas que son la casa y el sustento de muchos compañeros. Pueden gastarse 400.000 euros de tus impuestos en intentar silenciarnos.
Pero se equivocan de objetivo. Una rave no son los altavoces; es la comunidad que se crea frente a ellos.
Al final, este despliegue desproporcionado demuestra una sola cosa: Al Estado no le asusta la música. Le asusta la gente que es capaz de organizarse sin él.
Seguiremos bailando. Seguiremos libres.